Cruz roja Tuxtla Gutiérrez Chiapas

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jueves, 4 de agosto de 2011

PGJE ejecuta orden de aprehensión contra Pablo Salazar por muerte de bebés en Comitán

Informes de la CNDH, Secretaría de Salud, Contraloría del Estado y Procuraduría coinciden en la falta de material médico, recursos humanos, medicinas e infraestructura adecuada para la atención de los menores


El expediente penal de cinco tomos, 33 anexos y 23 mil fojas útiles, integra las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general


Declaran autoridades de salud de aquel momento, haber solicitado desde el año 2001 recursos para el mejoramiento del hospital de segundo nivel


Pablo Salazar Mendiguchía negó recursos a los hospitales de Comitán por ser la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén, denuncian


Mariano Herrán Salvatti revela que Salazar Mendiguchía le ordenó determinara el no ejercicio de la acción penal en las averiguaciones previas iniciadas por el fallecimiento de los menores


Podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Luego de analizar todas y cada una de las pruebas vertidas en los cinco tomos, 33 anexos y 23 mil 255 fojas útiles que conforman el expediente penal, este miércoles el Juez Primero del Ramo Penal con sede en “El Amate”, libró orden de aprehensión en contra del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de Homicidio Doloso (Comisión por Omisión), derivado de las investigaciones por la muerte de menores en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, Chiapas, entre los meses de noviembre de 2002 y enero de 2003.


La orden girada por el Juez de la causa, dentro del expediente penal 138/2011, en relación al homicidio de dos menores de edad, quien en vida respondieran a los nombres de Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, fue ejecutada este mismo miércoles tres de agosto por elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado.


En el marco del expediente penal, integrado en estricto apego a Derecho, destacan las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general, lo que permitió determinar que, entre otras cosas, existía una grave deficiencia en equipamiento médico, recursos humanos, medicinas y sanidad.


Cabe destacar que, en relación a la muerte de los gemelos de apellidos Morales Alfaro, el 23 de julio de este año la madre de los menores, Concepción Alfaro Zamorano, compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría de Chiapas, a quien expresó su inconformidad legal por la determinación del no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa iniciada en el año 2002 por el fallecimiento de sus bebés, toda vez que en ningún momento fue notificada.


En atención a esta denuncia, la Fiscalía Jurídica Normativa de la Procuraduría de Chiapas analizó la solicitud lo que le permitió detectar graves inconsistencias en la determinación del no ejercicio de la acción penal, por lo que ordenó volver a activar la indagatoria.


De esta forma, la Procuraduría General de Justicia del Estado llevó a cabo el desahogo de las diligencias correspondientes, con la finalidad de conocer el grado de responsabilidad de diversos servidores públicos involucrados en el suministro y ejecución de los recursos públicos que hubiesen permitido ofrecer servicios de salud de calidad.


En este contexto, sobresale la declaración ministerial del ex director del Hospital General K de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, quien puntualizó que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados, por el contrario, dijo, en el año 2002 hubo un recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos.


Agregó que a mediados del año 2002, durante una reunión en Tuxtla Gutiérrez, “el propio Pablo Salazar Mendiguchía me dijo que no habría ningún tipo de apoyo económico para el hospital, posteriormente, en otro acercamiento, Ángel René Estrada Arévalo me hizo saber que el Gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que era la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén”.


Dichas solicitudes no fueron atendidas por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, ni por su secretario de Salud, a pesar de que sí se contaba con los recursos suficientes, como lo demuestra el oficio número SH/0035/2002 de fecha dos de enero de 2002, con el que se le comunica al secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, elpresupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2002 aprobado para dicho instituto por la cantidad de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, como lo confirma, además, la copia certificada del Periódico Oficial número 073-3ª Sección en el que se publica las Erogaciones correspondiente al Instituto de Salud por la cantidad mencionada.


Quien fungiera como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número tres, con sede en Comitán, José Juan Solórzano Moguel, afirmó que “desde el año 2001 se realizaron las solicitudes directamente con el secretario de Salud y apuntó que las instalaciones del hospital estaban en pésimas condiciones, ya que no contaban con el espacio suficiente para atender a los pacientes y la red de oxígeno no funcionaba, debido a que nunca les fueron asignados los recursos.


De acuerdo a las testimoniales se confirma que el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía tenía conocimiento que anterior a la muerte de los menores Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, ocurrida el 27 y 30 de diciembre de 2002, ya habían perdido la vida un total de 22 neonatos más, debiendo ordenar el suministro de recursos públicos para evitar la muerte de otros menores, sin que obren en autos elementos que permitan observar que hubiera intentado algo para evitar tan lamentables hechos.


En ese entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició 24 averiguaciones previas por la muerte de bebés en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, entre los meses de noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003.


Por su parte, el ex Procurador General de Justicia del Estado, Mariano Francisco Herrán Salvatti, declaró haber tenido conocimiento del fallecimiento de los bebés ante el inicio de diversas actas administrativas que debido a la presión pública fueron elevadas a averiguaciones previas.


Herrán Salvatti reveló que en una primera reunión, “el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que se estaban realizando por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”.


El ex funcionario estatal detalló que a mediados del mes de abril del año 2004 fue llamado por el Gobernador a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno y “hallándonos ambos en el Despacho del Gobernador, sentados ante su escritorio, Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo como asunto totalmente concluido”.


“Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo” enfatizó.


Aunado a las testimoniales recabadas, obran en autos las conclusiones emitidas en su momento por la entonces Contraloría General del Estado, la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el año 2004 emitió al Gobierno del Estado de Chiapas la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.


Subraya la inexistencia de equipo médico e instrumental necesario y el uso de ventiladores manuales, a pesar de que al ser un hospital de segundo nivel estaba obligado, de acuerdo a la normatividad, a contar con ventiladores automáticos


También, hace referencia a un diagnóstico conjunto emitido el 13 de enero de 2003, con la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, así como por la Organización Panamericana de la Salud, el cual señala que en el hospital no se contaba con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para atender la demanda de cuidados neonatales.


Además, en su informe la CNDH recomendó al Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía “se sirva instruir al Procurador General de Justicia a efecto de que tome las medidas necesarias para que se integren y determinen conforme a derecho las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos, en atención a las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones del presente documento”.


Por todo ello, al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía se le imputa el delito de Homicidio Doloso (comisión por omisión) a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución Federal, la particular del Estado de Chiapas y la Ley de Salud del Estado, además de haber decidido por cuestiones políticas no otorgar los recursos económicos para el equipamiento médico, medicinas y atención especializada del Hospital General K de Comitán de Domínguez..


De estos hechos, se desprende también que el inculpado estaba obligado a resguardar específicamente el bien jurídico tutelado por las normas jurídicas, por lo que su conducta omisiva derivó en la muerte de los menores en el hospital de Comitán, muertes que, en todo momento, pudieron y debieron haberse evitado.


Por este delito Pablo Salazar Mendiguchía podría alcanzar una pena hasta de 20 años de prisión por cada uno de los menores fallecidos. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda, una vez más, su firme compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho que permiten recuperar la confianza de quienes, en otros tiempos, vieron violentados sus derechos y garantías fundamentales.


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