PGJE ejecuta orden de aprehensión contra Pablo Salazar por muerte de bebés en Comitán

Informes de la CNDH, Secretaría de Salud, Contraloría del Estado y Procuraduría coinciden en la falta de material médico, recursos humanos, medicinas e infraestructura adecuada para la atención de los menores

El expediente penal de cinco tomos, 33 anexos y 23 mil fojas útiles, integra las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general

Declaran autoridades de salud de aquel momento, haber solicitado desde el año 2001 recursos para el mejoramiento del hospital de segundo nivel

Pablo Salazar Mendiguchía negó recursos a los hospitales de Comitán por ser la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén, denuncian

Mariano Herrán Salvatti revela que Salazar Mendiguchía le ordenó determinara el no ejercicio de la acción penal en las averiguaciones previas iniciadas por el fallecimiento de los menores

Podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Luego de analizar todas y cada una de las pruebas vertidas en los cinco tomos, 33 anexos y 23 mil 255 fojas útiles que conforman el expediente penal, este miércoles el Juez Primero del Ramo Penal con sede en “El Amate”, libró orden de aprehensión en contra del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de Homicidio Doloso (Comisión por Omisión), derivado de las investigaciones por la muerte de menores en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, Chiapas, entre los meses de noviembre de 2002 y enero de 2003.

La orden girada por el Juez de la causa, dentro del expediente penal 138/2011, en relación al homicidio de dos menores de edad, quien en vida respondieran a los nombres de Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, fue ejecutada este mismo miércoles tres de agosto por elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En el marco del expediente penal, integrado en estricto apego a Derecho, destacan las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general, lo que permitió determinar que, entre otras cosas, existía una grave deficiencia en equipamiento médico, recursos humanos, medicinas y sanidad.

Cabe destacar que, en relación a la muerte de los gemelos de apellidos Morales Alfaro, el 23 de julio de este año la madre de los menores, Concepción Alfaro Zamorano, compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría de Chiapas, a quien expresó su inconformidad legal por la determinación del no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa iniciada en el año 2002 por el fallecimiento de sus bebés, toda vez que en ningún momento fue notificada.

En atención a esta denuncia, la Fiscalía Jurídica Normativa de la Procuraduría de Chiapas analizó la solicitud lo que le permitió detectar graves inconsistencias en la determinación del no ejercicio de la acción penal, por lo que ordenó volver a activar la indagatoria.

De esta forma, la Procuraduría General de Justicia del Estado llevó a cabo el desahogo de las diligencias correspondientes, con la finalidad de conocer el grado de responsabilidad de diversos servidores públicos involucrados en el suministro y ejecución de los recursos públicos que hubiesen permitido ofrecer servicios de salud de calidad.

En este contexto, sobresale la declaración ministerial del ex director del Hospital General K de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, quien puntualizó que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados, por el contrario, dijo, en el año 2002 hubo un recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos.

Agregó que a mediados del año 2002, durante una reunión en Tuxtla Gutiérrez, “el propio Pablo Salazar Mendiguchía me dijo que no habría ningún tipo de apoyo económico para el hospital, posteriormente, en otro acercamiento, Ángel René Estrada Arévalo me hizo saber que el Gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que era la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén”.

Dichas solicitudes no fueron atendidas por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, ni por su secretario de Salud, a pesar de que sí se contaba con los recursos suficientes, como lo demuestra el oficio número SH/0035/2002 de fecha dos de enero de 2002, con el que se le comunica al secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, elpresupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2002 aprobado para dicho instituto por la cantidad de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, como lo confirma, además, la copia certificada del Periódico Oficial número 073-3ª Sección en el que se publica las Erogaciones correspondiente al Instituto de Salud por la cantidad mencionada.

Quien fungiera como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número tres, con sede en Comitán, José Juan Solórzano Moguel, afirmó que “desde el año 2001 se realizaron las solicitudes directamente con el secretario de Salud y apuntó que las instalaciones del hospital estaban en pésimas condiciones, ya que no contaban con el espacio suficiente para atender a los pacientes y la red de oxígeno no funcionaba, debido a que nunca les fueron asignados los recursos.

De acuerdo a las testimoniales se confirma que el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía tenía conocimiento que anterior a la muerte de los menores Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, ocurrida el 27 y 30 de diciembre de 2002, ya habían perdido la vida un total de 22 neonatos más, debiendo ordenar el suministro de recursos públicos para evitar la muerte de otros menores, sin que obren en autos elementos que permitan observar que hubiera intentado algo para evitar tan lamentables hechos.

En ese entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició 24 averiguaciones previas por la muerte de bebés en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, entre los meses de noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003.

Por su parte, el ex Procurador General de Justicia del Estado, Mariano Francisco Herrán Salvatti, declaró haber tenido conocimiento del fallecimiento de los bebés ante el inicio de diversas actas administrativas que debido a la presión pública fueron elevadas a averiguaciones previas.

Herrán Salvatti reveló que en una primera reunión, “el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que se estaban realizando por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”.

El ex funcionario estatal detalló que a mediados del mes de abril del año 2004 fue llamado por el Gobernador a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno y “hallándonos ambos en el Despacho del Gobernador, sentados ante su escritorio, Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo como asunto totalmente concluido”.

“Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo” enfatizó.

Aunado a las testimoniales recabadas, obran en autos las conclusiones emitidas en su momento por la entonces Contraloría General del Estado, la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el año 2004 emitió al Gobierno del Estado de Chiapas la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.

Subraya la inexistencia de equipo médico e instrumental necesario y el uso de ventiladores manuales, a pesar de que al ser un hospital de segundo nivel estaba obligado, de acuerdo a la normatividad, a contar con ventiladores automáticos

También, hace referencia a un diagnóstico conjunto emitido el 13 de enero de 2003, con la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, así como por la Organización Panamericana de la Salud, el cual señala que en el hospital no se contaba con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para atender la demanda de cuidados neonatales.

Además, en su informe la CNDH recomendó al Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía “se sirva instruir al Procurador General de Justicia a efecto de que tome las medidas necesarias para que se integren y determinen conforme a derecho las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos, en atención a las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones del presente documento”.

Por todo ello, al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía se le imputa el delito de Homicidio Doloso (comisión por omisión) a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución Federal, la particular del Estado de Chiapas y la Ley de Salud del Estado, además de haber decidido por cuestiones políticas no otorgar los recursos económicos para el equipamiento médico, medicinas y atención especializada del Hospital General K de Comitán de Domínguez..

De estos hechos, se desprende también que el inculpado estaba obligado a resguardar específicamente el bien jurídico tutelado por las normas jurídicas, por lo que su conducta omisiva derivó en la muerte de los menores en el hospital de Comitán, muertes que, en todo momento, pudieron y debieron haberse evitado.

Por este delito Pablo Salazar Mendiguchía podría alcanzar una pena hasta de 20 años de prisión por cada uno de los menores fallecidos. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda, una vez más, su firme compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho que permiten recuperar la confianza de quienes, en otros tiempos, vieron violentados sus derechos y garantías fundamentales.

Continua con exito el operativo limpieza en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), detuvieron en Tuxtla Gutiérrez a un sujeto por los delitos de Robo y Daños, mientras que 19 personas fueron puestas a disposición del Juez Calificador por diversas faltas administrativas.

Las corporaciones informaron que aunado a la detención de Jorge Luis Hernández Ramírez, este 29 de julio se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Jorge González Castellanos por el delito de Fraude y en contra de Marco Antonio Marín Velázquez por Robo.

En la capital chiapaneca, los efectivos lograron la detención de Raymundo Pérez Cruz de 35 años de edad, quien fue sindicado por un ciudadano víctima de un robo al interior de su automóvil.

El denunciante afirmó que al encontrarse a la altura del Reloj Floral en Tuxtla Gutiérrez, en las inmediaciones del Parque Joyu Mayu, el presunto responsable lo interceptó sustrayendo de la unidad un amplificador, un par de Buffer, un auto stereo y una computadora tipo lap top, mismos que fueron recuperados por los elementos de seguridad.

Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Metropolitano inició la averiguación previa número 334/CAJ4D-T1/2011, por el delito de Robo y Daños, toda vez que la unidad presentó afectaciones en el parabrisas y la ventanilla del conductor del vehículo marca Chevrolet tipo Astra modelo 2002.

Además, durante las últimas horas las fuerzas especiales de las corporaciones involucradas en el Operativo Limpieza detuvieron en Tapachula a Venner Salas López por Robo con Violencia agravado.

También se encuentran detenidos Misael Arreola Damián y Arnulfo Pérez por los delitos de Ataques a las vías de comunicación, Lesiones y Daños, y Francisco Javier Bartolón Pérez por Ataques a las vías de comunicación.

A estas acciones se suma la presentación de 16 personas ante el Juez Calificador y la revisión de forma aleatoria de un total de 100 automóviles en los puntos estratégicos de la ciudad.

Cabe recordar que, desde el inicio del Operativo Limpieza el pasado 25 de junio el grupo interinstitucional ha logrado la detención de 334 personas y la presentación de un total de mil 409 ante el Juez Calificador, mientras que más de seis mil vehículos han sido revisados.

Tan sólo en Tuxtla Gutiérrez, el operativo interinstitucional ha permitido la desarticulación de 10 bandas delictivas que operaban en diversas colonias y se dedicaban principalmente al robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo a comercio.

Entre estos grupos, destacan la banda de “El Pumpo”, “La Hormiga”, “El Spay”, “El Crazy”, “El Chito” y “El Chino”.

Con estos hechos, el grupo interinstitucional reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de las familias chiapanecas y con la aplicación de una procuración de justicia pronta, real y expedita.

Asimismo, hace un llamado a la población en general a seguir haciendo uso de las líneas de denuncia 066 y 089, así como de los Buzones de Denuncia Anónima, Módulos de Orientación a tu Denuncia, la página de internet www.pgje.chiapas.gob.mx y de las cuentas de Twitter @pgjechiapas y @TuParticipacion.

Hallan cadáveres de los tres ahogados en Acala

Fueron rescatados dos días después de ser arrastrados por las corrientes del Río Grijalva en el remanso de la localidad Nueva “Villahermosa”

OSWALDO RODRÍGUEZ foto: ULISES LÓPEZ

El paseo se convirtió en tragedia, las corrientes del río Grijalva arrastraron a un joven y dos menores hasta dispersarlos a lo largo del segundo río más caudaloso del país; su paradero era impreciso hasta que dos días después de una intensa búsqueda, los cadáveres fueron hallados entre los márgenes del Grijalva en Chiapa de Corzo.

El lunes, la familia había partido de su domicilio en la colonia Miravalle de la capital un día después del cumpleaños ocho de Alejandra Guadalupe González Gómez, la mayor de cuatro hijos.

Ese domingo, ella y sus hermanos Gladys Esmeralda, de 6 años y el varón de 7, salieron a convivencia infantil a dar un paseo junto a sus padres, el bebé de dos años —aún en brazos— y su primo Nicolás González Pérez, de 20.

“Era el primo consentido y a donde sea que iba, los niños lo seguían” dijo una conocida de la familia.

Los González Gómez partieron al siguiente día con destino a Villa de Acala y decidieron apostarse en las márgenes del afluente situado en la localidad Nueva Villahermosa del mismo municipio.

Transcurrieron un par de horas y pasada las 15:00 horas sucedió la tragedia; el agua se agitaba, cuatro menores manoteaban sobre la superficie del río y los gritos eran cortados de tajo al sumergirse. El primo y su hermano, se lanzaron a rescatarlos. Dos lograron salir pero el otro par —junto con Nicolás— fue “devorado” por el remanso. Eran la hija mayor del matrimonio y Gladys, quien cumpliría siete años el próximo miércoles 3 de Agosto.

Entre la desesperación y a la angustia, el reporte del incidente fue hecho a las 16:20 horas a los números de Protección Civil de Villa de Acala. La búsqueda inició 40 minutos después con más de 40 Más de 40 elementos del Sistema Estatal de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC).

Las primeras 24 horas de búsqueda fueron infructuosas, el equipo partió desde Nueva Villa Hermosa hasta el cañón del Sumidero se sumaron a ellos un equipo especializado de buceo, pero el resultado fue el mismo.

Fue a eso de las 10 de la mañana del miércoles, que el grupo de Unidad de Rescate y Operativos Acuáticos (UROA) de la SSyPC dio con el primer cadáver en el tapón del Río Grijalva; se trataba Nicolás González Pérez, quien yacía con los brazos rígidos por delante y el cuerpo enrojecido.

El joven era oriundo de la localidad de Tenango municipio de Ocosingo pero de muy pequeño emigró a la capital a vivir en casa de su hermano (el padre de las dos niñas perecidas) en donde años más tarde entró a laborar en un expendio de puerco de la empresa “Don Paco”, en el que trabajaba actualmente.

Era de complexión robusta y su físico lo hacía parecer a simple vista a una persona mayor de 20 años.

Los oficiales llevaron su cuerpo a la superficie cubierto con una bolsa verde que dejaba expuesto su rostro y pecho. Así lo mantuvieron por más de media hora en espera a periciales del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes arribaron minutos antes del medio día.

PEQUEÑOS CUERPOS INERTES

Desde el día en que desaparecieron, la madre de las niñas dispuso a espera en Villa de Acala el cuerpo de sus pequeñas, “no se movería de ahí” había sentenciado. La noticia le llegó de golpe, el cuerpo sin vida de su cuñado había sido rescatado de entre los residuos flotantes del tapón, pero de sus hijas aún no tenían pistas.

Su esposo y su suegro, iniciaron el papeleo para los servicios funerarios del occiso; sin embargo, ella seguía esperando.

Pasaron dos horas del primer hallazgo y a la cuarta, el equipo UROA y protección Civil informaron que las dos menores ahogadas ya había sido localizadas. Los datos preliminares manejaban que los cuerpos fueron encontrados inertes en un remanso de la localidad de Adolfo López Mateos, en Villa Acala.

Más tarde, una fuente confidencial del Sistema Estatal de Protección Civil confirmó que los restos fueron rescatados en los márgenes del Río Grijalva en la localidad de Chiapa de Corzo.

Minutos después fueron llevadas en una lancha hasta las márgenes del afluente y posteriormente siguieron de nuevo a su primo pues —al igual que Nicolás— los periciales las trasladaron al SEMEFO para realizarles la necropsia de ley correspondiente.

Las aguas del río Grijalva que arrastraron y dispersaron a las hermanas y su primo, los devolverían 48 horas después a sus familiares a más allá de 15 kilómetros de donde el lunes perecieron ahogados.

Asaltó a Autobus en autopista Tuxtla-San Cristóbal

OSWALDO RODRÍGUEZ, OEM

Partieron de la capital a bordo de un autobús de al menos 19 pasajeros, entre niños, mujeres y ancianos; su viaje tendría escalas en Comitán, Lagos de Colón hasta llegar a La Mesilla, pero su ruta cambiaría por completo.

El grupo de pequeños comerciantes tendría el peor viaje de su vida. Fueron asaltados a mitad de la noche en el kilómetro 28 de la carretera Tuxtla-San Cristóbal por una banda de hombres armados; en suma, el auxilio aparecería tres horas después del reporte y las autoridades hasta ahora siguen sin voltear a verlos.

Indignados, los agraviados platicaron para la OEM lo ocurrido esa noche del miércoles 20 de Julio del presente año:

El autobús de pasajeros ingresó en el carril 4 A de la plaza de cobro Chiapa de Corzo a las 22: 37: 12 horas según marca el ticket de cuota; pasaron los primeros kilómetros sin percance; sin embargo, alrededor de las 23:05 horas en el kilómetro 28, un fuerte sonido se escuchó en el costado de la unidad, le continuó otro ruido intenso que destruyó el cristal del camión.

— ¡Son disparos! pensó uno de los pasajeros.

—¡Nos van asaltar! ¿Qué hacemos? Preguntó al encargado del grupo.

—Échales el carro encima— respondió.

Antes de emprender la maniobra, una camioneta Nissan le cerró el pasó y de la góndola brincaron dos personas armadas, una se dirigió a la ventanilla del chofer y le puso el cañón de una escuadra en la sien mientras la otra ingresaba por la puerta del autobús.

—Jálate, cabrón— advirtieron los delincuentes.

El operador del autobús, siguió su trayectoria y a los pocos metros fue obligado a desviar su camino hasta ingresar 400 metros dentro de una solitaria vereda; era un lugar oscuro, lejos de la luces de la carretera.

En el lugar, los demás asaltantes descendieron de su camioneta, eran seis por total, todos cubiertos con una tela blanca que únicamente exponía el contorno de sus ojos.

— ¿De dónde son?

—De Tuxtla, respondieron casi a unísono.

—¿A dónde van?

—A La Mesilla.

Después del breve cuestionamiento, los salteadores bajaron a los pasajeros, dos se encargaron de escudriñar el interior, otro par de revisar a las personas mientras los restantes encañaban con “cuernos de chivo” a las personas, quienes eran obligadas a permanecer hincadas y con las manos por detrás de la cabeza.

La revisión era exhaustiva e indignante, al grado de que algunas mujeres fueron tocadas por debajo del pantalón hasta tocarle sus genitales.

Los afectados gritaban de miedo y angustia. Por ello, el encargado indicaba a los delincuentes que no les hicieran daño.

Otra voz se escuchó en el fondo:

—No sean malos, trabajamos por necesidad— dijo una mujer del grupo.

—Nosotros también robamos por necesidad— contestó el “Chavo”.

El atraco duró más de 40 minutos, pero para muchos parecía que el tiempo se había detenido.

El que daba las órdenes, mandó a “El Chavo” a desprender con una navaja el estéreo del camión y lo hizo enseguida. Después, fue por las llaves del autobús.

—Ya tienen lo que querían, no nos van a dejar aquí, objetó el conductor.

El que daba las órdenes, subió al camión y lo encañó “¿Te vas a poner cabronsito?” le dijo. De inmediato, el camionero entregó las llaves y el delincuente informó a las víctimas que dejaría la llave a la entrada de la vereda pero tenían que esperar media hora para poder ir por ellas. Así lo hicieron.

Los infractores se llevaron consigo, alrededor de 250 mil pesos en efectivo y demás pertenencias de los asaltados.

“VALIENTE” AYUDA

Luego de librarse de la vereda, los afectados salieron a pedir ayuda a orilla de la autopista pero nadie respondía, el encargado entonces caminó otro kilómetro más hasta que observó dos “rayitas” de señal en el celular. Eran alrededor de las 00:20 horas del jueves.

Enseguida, llamó al teléfono de emergencias de la caseta de cobros, pero la ayuda fue negada, se comunicó entonces al 066 pero la operadora expresó que no les competía a ellos, que buscaran otros medios. Lo ultimo que dijo fue de que “enviaran a alguien a auxiliar”. Ese “alguien” jamás apareció.

Más de tres horas desamparados, sin que alguna autoridad auxiliara a los recién asaltados. Fue hasta las 02:30 horas que una patrulla de la Policía Federal arribó a la zona. Minutos después se sumó al apoyo una unidad de la Policía Estatal de Tránsito.

Los afectados indicaron a los oficiales que sus bolsos se habían quedado en el bus a 400 metros dentro de la vereda, pero los uniformados tuvieron miedo.

Después de varios minutos, el Federal dispersó a los pasajeros en distintos vehículos para que regresaran a Tuxtla mientras el operador, se quedaba en el lugar en espera a la grúa que remolcaría el camión.

En ese momento, las pantallas del transporte público estaban completas, pero en tanto llegó a la caseta para saber el destino de la grúa, habían desaparecido. Los oficiales indicaron que posiblemente fueron los mismos ladrones que regresaron al lugar.

Dieron las 3:00 de la mañana y el grupo se dirigió ante las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para levantar la denuncia pero nadie les hizo caso, en cambio, los mandaron a la Fiscalía de Chiapa de Corzo y de ahí a otras instancias.

Va casi una semana y a parte del asalto y del dinero a crédito que tendrán que pagar sin usarlo, los agraviados tienen la desdicha de que las autoridades aún siguen sin voltear a verlos.

Asesinan a puñaladas a sexagenario comerciante

Heraldo de Chiapas
Una persona del sexo masculino fue encontrado sin vida en la calle Juan Escutia de la colonia El Refugio, se desconoce el motivo del hecho.

Al filo de las 19:30 horas la menor Margarita Trinidad Díaz de 8 años localizo el cuerpo sin vida de Rafael Muñoa de aproximadamente 68 años de oficio comerciante vendía Carne adobada y chorizo, en el domicilio de la manzana 22, lote 9 de la dirección citada,

Trinidad Díaz comento que llego a pagarle una deuda que tenía su mama de carne cuando lo encontró tirado en un charco de sangre con las puertas abiertas y la casa registrada.

Al lugar arribaron policías municipales de Chiapa de Corzo y Policías Estatales, quienes acordonaron el lugar para el arribo del Ministerio Publico (MP).

En el lugar se encontró un cuchillo cebollero y el hoy occiso presenta heridas al parecer en el Coello ya que se encontraba boca abajo.

En la cocina de la vivienda donde fue asesinado se encontró una lata de cerveza y otras dos cerradas así como en la salida al patio donde se encontraba un Volkswagen estacionado.

Según su sobrina que lo identifico Margarita Isidro Muñoa el hoy occiso no tomaba.

Controlan autoridades riña al interior de “El Amate”

Cintalapa, Chiapas..- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que alrededor de las 19:30 horas de este martes elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), de la Policía Especializada y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), lograron el restablecimiento del orden al interior del penal “El Amate”, luego de una riña en la que perdieron la vida dos internos.

Además, la dependencia estatal dio a conocer que un interno más fue trasladado a un hospital de la región en donde su salud es reportada como grave, mientras que otros siete reclusos presentaron heridas leves y fueron atendidos en el área médica del penal.

Derivado de las primeras investigaciones, se conoció que la riña se registró ante la inconformidad de un grupo de internos de los módulos azul y café, quienes se oponían a una serie de extorsiones que presumiblemente se encontraban realizando los hermanos Alejandro Puga López (a) “El Preciso” y Ricardo Puga López, quienes perdieron la vida.

Los reportes señalan que el interno Juan Díaz Gómez (a) “El Chamula”, presentó diversas heridas de gravedad por lo que fue trasladado a un hospital de manera inmediata.

La dependencia estatal, señaló que en el incidente resultaron con lesiones menores: José Luis Villanueva Roque, Isvelin López Mejía, Luis Fernando Camacho Zárate, José Luis Álvarez Zárate, Juan Sebastián Pérez Méndez, Juan Carlos Marroquín Juárez y José Napoleón Damián Serrano.

Por su parte, la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales reportó que posteriormente llevó a cabo el habitual pase de lista, lo que permitió corroborar que todo se encontraba nuevamente en completo orden.

Ante este reprobable incidente, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio a la averiguación previa número 101/IC05/2011, con la finalidad de lograr el esclarecimiento total de los hechos que se investigan; al tiempo en que reitera el compromiso asumido con los chiapanecos de hacer valer la legalidad y el Estado de Derecho