Sin medidas de seguridad Casinos en Tuxtla

(ARPOC).Sin botiquín, extintor, señalamientos y planes de contingencia. Con salidas de emergencia obstruidas. Sin puertas de seguridad. En esas condiciones operaban los dos centros de apuestas de Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo a las últimas inspecciones efectuadas por el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres (PC).

La misma falta fue cometida en algunos establecimientos, a menos de 18 meses de ser visitados. Multas superiores a los 100 mil pesos, suspensiones temporales o definitivas serían sus castigos, si no cumplen las recomendaciones, con base en la ley de la materia.

Carencia de una guía de contingencias -documento que contiene el protocolo para actuar frente a riesgos-, equipo de primeros auxilios, constancias de cursos de adiestramiento de sus empleados, señalética y extintores fueron parte de las irregularidades encontradas en el “Bingo 777”, según el acta con folio IPCMIRD/VV/0082/2011.

La mayoría de las anomalías también fueron registradas en “Emotion”, a quien además le fueron detectadas una ruta de evacuación cerrada y un área sin salida de seguridad, de acuerdo al oficio con número IPCMIRD/VV/0086/2011.

Las verificaciones fueron celebradas el 26 de agosto pasado, un día después del incendio en el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que fallecieron más de 50 personas. Las acciones infringían cuatro apartados del marco jurídico de la materia, por lo menos. El artículo 78 dispone pagos que superan los 100 mil pesos y son acompañados de cierres totales en algunos casos. Gravedad de la infracción, intencionalidad, factores externos y repetición de la conducta determinan el correctivo.

El cumplimiento de las observaciones estaban en “trámite”, cuando el organismo respondió a una solicitud de información, el 21 de septiembre pasado, cuatro semanas después de llevarse a cabo las inspecciones. La fracción IV del artículo 62 de la Ley de PC establece que los responsables tendrán cinco días hábiles para solventar las violaciones. La dependencia no confirmó el inicio de sanciones administrativas. La norma dispone comenzar un procedimiento concluido el término.

Personal de la Dirección de Protección Civil Municipal visitó el primer club el 17 de febrero de 2010. Presentar su programa interno de PC -texto que incluye medidas para reducir la vulnerabilidad por las actividades desarrolladas-, dictamen de instalación de gas licuado de petróleo (LP), certificados de capacitación en primeros auxilios y combate a incendios fueron algunas de sus recomendaciones que saldó “en tiempo y forma”, con base en la constancia con folio 81.

Sus funcionarios también verificaron el segundo casino el 17 de marzo pasado. Colocar señalamientos de salidas de emergencia y rutas de evacuación en las secciones de multipuestos y fumadores, respectivamente; enviar plan institucional de PC, constancias actualizadas de capacitación en primeros auxilios y actuación en incendios, dictámenes de instalaciones eléctricas y de estructura del inmueble fueron parte de sus observaciones que cumplió sin contratiempos, según el acta número 234.

“Bingo 777” es propiedad de Promojuegos, una sociedad anónima constituida el 14 de diciembre de 2004. Las actividades de sus casinos son amparadas por el permiso SCEVF/P-04/2005, emitido por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Su vigencia termina el 17 de mayo de 2030.

“Emotion” pertenece a Promociones e Inversiones de Guerrero, compañía privada formada el 6 de agosto de 1993. El funcionamiento de sus centros de apuestas son validados por la autorización SCEVF/P-03/2005, otorgadas por el mismo organismo. El documento queda sin efectos en la misma fecha que el anterior.

Periodismo de alto riesgo

A mayor violencia anual, más asesinatos de reporteros en México

68 periodistas asesinados y 12 permanecen desaparecidos. “Por lo menos media docena” han pedido asilo político en Estados Unidos y Canadá, asegura a ZETA el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). El fiscal Gustavo Salas no informa sobre los 30 millones de pesos etiquetados en 2010 por la Cámara de Diputados para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Enrique Mendoza Hernández

La violencia desatada en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz afecta también al gremio periodístico y a la libertad de expresión. Para empezar, en la memoria de todos los mexicanos están las narcofosas de San Fernando con 193 cadáveres exhumados; los 52 muertos en el incendio provocado en Casino Royale de Monterrey, y los 35 difuntos tirados en frente de la Plaza Las Américas de Boca del Río, Veracruz.

Tradicionalmente, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz han sido plaza del Cártel del Golfo. Hasta 2008, la zona había estado “tranquila”. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), “Los Zetas” era el grupo armado del Cártel del Golfo; sin embargo, en diciembre de 2009 rompieron con sus aliados por diferencias en el control de los mercados y rutas. A partir de enero de 2010, se han enfrentado en Tamaulipas y Nuevo León, lo que explica el incremento de la violencia en esos estados.

Lo cierto es que la ola criminal desatada tanto en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz se ve reflejada también en el asesinato de periodistas, tal como sucedió en Nuevo Laredo, donde el 24 de septiembre se encontró decapitada a María Elizabeth Macías Castro.

“Este mismo día (24 de septiembre) se identificó a la persona fallecida como María Elizabeth Macías Castro, de 39 años de edad, quien se desempeñaba como jefa de redacción del periódico Primera Hora”, informó la PGJE de Tamaulipas.

La periodista, que usaba las redes sociales para informar de la situación en su estado, no ha sido la única persona asesinada luego de dar a conocer información relacionada con el crimen organizado a través de Facebook y Twitter, ya que otros dos usuarios han corrido la misma suerte:

“Estos tres homicidios parecen representar una alarmante estrategia para intimidar a los usuarios de las redes sociales para que dejen de comunicar información relacionada con la violencia”, informó Amnistía Internacional.

Hay que recordar que en el actual sexenio federal, en Tamaulipas han sido asesinados cinco periodistas: Francisco Ortiz Monroy, de Diario de México, el 5 de febrero de 2008; Luis Villanueva Berrones, de Expresso, el 27 de febrero también en 2008; Jorge Rábago Valdez, de Radio Red, el 3 de marzo de 2010; Guajardo Romero, de Expresso, el 6 de noviembre de 2010 y María Elizabeth Macías Castro, de Primera Hora, el 24 de septiembre de 2011.

Luego, en Coatzacoalcos, Veracruz, desde el 22 de septiembre permanece desaparecido el reportero de El Mañanero, Daniel Flores Guillén, y Manuel Gabriel Fonseca desde el día 18, del mismo periódico. En aquel estado también se encuentran sin paradero Jesús Mejía Lechuga, locutor de Radio MS-Noticias, desde el 10 de julio de 2003 y Evaristo Ortega Zárate, director del periódico Espacio, desde el 20 de mayo de 2010.

Al igual que en Tamaulipas, también en Veracruz cinco periodistas han sido asesinados en el actual sexenio federal: Luis Daniel Méndez Hernández, de La Poderosa, el 23 de febrero de 2009; Noel López Olguín, de Noticias, el 31 de mayo de 2011; y Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana y Yolanda Ordaz de la Cruz en junio de este año.

A mayor violencia anual, más asesinatos de periodistas

A mayor violencia en México, más asesinatos de periodistas. Por ejemplo, en los estados donde la delincuencia arreció, también aumentaron los homicidios contra los comunicadores. Tan sólo en este año, de los 12 periodistas asesinados, nueve han ocurrido en los estados más agitados, como Veracruz, con cuatro homicidios de comunicadores, uno en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Los otros tres ocurrieron en el Estado de México (1) y Distrito Federal (2).

De hecho, a nivel nacional en el sexenio, en los estados donde más ejecuciones ha habido, se concentra el mayor número de asesinato de periodistas. De los 68 periodistas asesinados en el sexenio del Presidente Felipe Calderón, 64 han ocurrido en los 13 estados más violentos. En la actual administración federal, en Chihuahua han ocurrido diez homicidios de periodistas; ocho en Guerrero, seis en Michoacán; en Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz han sucedido cinco homicidios de periodistas en cada estado; en el Distrito Federal, Durango, Estado de México y Sinaloa han sucedido cuatro en cada entidad.

Asimismo, en Nuevo León, Jalisco y Tabasco, dos cada uno, y en Quintana Roo y Chiapas un asesinato en cada estado.No es coincidencia que en el actual sexenio, en los estados más violentos o con más ejecuciones, se concentre también el mayor número de asesinato de periodistas.

Para empezar, revisando las estadísticas de homicidios de comunicadores en los últimos sexenios, se desprende: Durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) sucedieron seis asesinatos de comunicadores, es decir, uno por año; en la administración de José López Portillo (1976-1982) ocurrieron 12 asesinatos, dando como promedio dos por año.

Asimismo, durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), se registraron 33 homicidios de comunicadores, es decir, un promedio anual de 5.5.

Mientras tanto, en el sexenio de Carlos de Salinas de Gortari, cuando fueron asesinados 46 periodistas, el promedio anual fue de 7.6; en tanto que en el gobierno de Ernesto Zedillo, el promedio anual fue de 4, ya que en ese periodo se registraron 24 homicidios de periodistas.

En tiempos panistas, a partir del año 2000 los crímenes de periodistas aumentaron drásticamente: Tan sólo durante el sexenio de Vicente Fox (28 homicidios), el promedio anual fue de 4.6 comunicadores caídos al año.

Pero el sexenio que rompió todos los récords fue el del Presidente Felipe Calderón, ya que en cinco años, este Semanario ha documentado, uno por uno, 68 comunicadores asesinados; es decir, el promedio anual es de 13 periodistas privados de la vida. La tesis de ZETA es: A mayor violencia anual en el país, más ejecuciones de periodistas. Cuando en 2001 sucedieron mil 080 ejecuciones, en México ocurrieron cuatro asesinatos de periodistas; en 2002 ocurrieron mil 230 ejecuciones por dos homicidios de comunicadores; y cuando en 2003 fueron ejecutadas mil 290 personas, en ese mismo año un periodista fue asesinado. El sexenio de Vicente Fox cerró con mil 304 ejecuciones en 2004 por cinco homicidios de periodistas; al siguiente año, cuando mil 776 personas fueron ejecutadas, también fueron asesinados cinco periodistas; y en 2006, año en que se registraron 2 mil 100 ejecuciones, 11 periodistas fueron privados de la vida.

Lo dicho: El sexenio del Presidente Felipe Calderón rompió todos los récords, ya que a medida que aumentan la cantidad de ejecutados en el país, en su “guerra” contra el narcotráfico, también ha aumentado anualmente el número de asesinato de periodistas. Cuando en 2007 ocurrieron 2 mil 826 ejecuciones en el país, también fueron asesinados 12 periodistas; si en 2008 las ejecuciones se dispararon hasta 6 mil 837, la cantidad de homicidios de periodistas se ubicó en 13. En 2009, cuando hubo 11 mil 753 ejecutados, 16 comunicadores perdieron la vida; igualmente, 15 periodistas fueron asesinados en 2010, año en que ZETA registró 19 mil 546 ejecuciones. Hasta septiembre de este año, este Semanario ha registrado 15 mil 046 ejecuciones y 12 comunicadores caídos.

Vacío informativo, huida y exilio de periodistas

A mayor violencia y a más periodistas asesinados anualmente, menos libertad de expresión. Un ejemplo claro es el estado de Veracruz, donde lo que abunda es el vacío de información y la huida de periodistas de esa entidad federativa.

Apenas en julio último, Notiver informó, luego de que tres de sus reporteros fueron asesinados, que cinco de sus periodistas abandonaron Veracruz: “Huyen de la ciudad reporteros de medios de comunicación de televisoras, radios y prensa escrita, entre ellos cinco de Notiver, ante la incapacidad de las autoridades locales y estatales de garantizar la integridad física de ellos y la de sus familias.

“Incluso hubo el caso de uno de ellos que tuvo que ser trasladado en un helicóptero del gobierno federal y protegido por militares con destino desconocido. El miedo se apoderó de ellos al quedar desprotegidos por las autoridades locales y estatales, mejor prefieren prácticamente huir de su ciudad que los vio crecer en el plano profesional.

“Trascendió que una estación de radio quitará de su portal la sección de policía, reasignando a sus reporteros de esas fuentes. Prácticamente la guardia nocturna de los medios de comunicación quedó desmantelada ante la desbandada de periodistas de la fuente policiaca”.

Carlos Lauría, coordinador sénior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), explicó a ZETA que por lo menos “media docena” de periodistas se han exiliado en Estados Unidos y Canadá en los últimos meses, ante el aumento de la violencia en México:

“El asilo político es una realidad. Algunos por cuestiones de seguridad preferimos no hacerlos públicos. Por lo menos hay una media docena de periodistas que en los últimos años han salido o han intentado salir o solicitado asilo político.

“El asilo es una situación límite, una situación dramática que evidentemente marca la gravedad de la situación”, subrayó.

Lauría expuso a ZETA que “por lo menos media docena” de periodistas mexicanos se encuentran actualmente exiliados, no obstante, es la cifra oficial porque, cuando un comunicador decide irse del país, lo hace discretamente:

“Yo diría que hay casos que ni siquiera los tienen documentados las organizaciones, han salido sin estar en contacto con organizaciones”, lamentó.

Concluyó que lo que está en riesgo es la libertad de expresión, y abunda el vacío informativo:

“En algunas regiones de México donde el crimen organizado ejerce tanto poder de influencia, lo que estamos viendo es mucho vacío informativo, la prensa no puede cumplir con su tarea básica ya de informar sobre cuestiones que tienen impacto en la vida diaria de la gente; ante la censura generalizada los ciudadanos están recurriendo cada vez con más frecuencia al uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, incluido Facebook y Twitter, para informar lo que pasa en su comunidades porque no hay información, existe un vacío informativo en muchas partes”.

Se “pierden” 30 millones para la Fiscalía

Mientras aumenta el número de asesinatos de periodistas en México y en tanto lo que predomina es el vacío de información en zonas de alto riesgo para ejercicio del periodismo, como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Veracruz, no se sabe nada de los 30 millones de pesos etiquetados en 2010 para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que encabeza el Fiscal Gustavo Salas:

“Para la Fiscalía Especial (se aprobó presupuesto) de 30 millones, pero lo triste de esto es que precisamente ahora me está comentando el fiscal (Gustavo Salas) que no ha recibido un quinto”, dice a ZETA la diputada federal por el PAN, María Yolanda Valencia Vales, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

El dinero etiquetado por la Cámara de Diputados el año pasado era para equipo pericial, recursos humanos y lo que hiciera falta en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Lo cierto es que la diputada federal no sabe dónde quedó ese monto para la Fiscalía:

“Todavía no tenemos respuesta a ello. Ya lo trabajamos con Ernesto Cordero, con el que fue secretario de Hacienda, no nos han respondido. Yo entiendo que ese dinero se tuvo que entregar a la PGR, y la PGR tuvo que entregárselo al fiscal (Gustavo Salas), y allá tal vez fue la situación que no se dio.

“Nosotros estamos pidiendo transparencia ante ello (a Hacienda, la PGR y la Fiscalía Especial), sí es necesario que nos respondan a dónde se fue (el dinero), todavía yo no tengo conocimiento. Ya les exigí, ya les pedía de mil maneras que esto se dé, porque no podemos en un momento dado etiquetar (en este año) otro dinero si no hay respuesta sobre eso”.

— ¿El fiscal Gustavo Salas dice que ya recibió los 30 millones o no?

“No, que no lo recibió. Eso es lo más preocupante. Entonces, ¿dónde quedó la bolita?, ¿no? ¿Sigue en Hacienda y no lo enviaron? ¿Se hicieron patos o simple y sencillamente sí lo dieron y está en la PGR?, y dijeron ‘ah, pues me llevo un poco más de dinero’ y no se hizo nada”. Lo más lamentable es que el fiscal Gustavo Salas se mantiene en absoluto silencio, no rinde informes sobre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, como se hizo en 2008 y 2009, y para colmo, a ningún funcionario público le interesa otorgar entrevistas a los medios respecto a este penoso tema.

Disparan contra cuentahabiente para asaltarlo en plaza cristal

Jesús Toledo / Ulises López

“Yo solo salí corriendo del estacionamiento y me detuve hasta la primer puerta”, esta fue la primer reacción de un civil a quien dos peligrosos sujetos intentaron asaltar en el estacionamiento de conocida plaza al poniente de la ciudad para arrebatarle la cantidad de 80 mil pesos. Aunque el asalto no se consumó, los pistoleros alarmaron a los civiles que se encontraban el lugar al realizar dos detonaciones y huir antes de que llegara la policía.

Armando Morales Estrada, de 40 años de edad, originario del municipio de Tecpatan, dijo que momentos antes del violento hecho, éste había retirado la modesta cantidad de una sucursal bancaria de Banamex, ubicado sobre la Novena Sur de Tuxtla Gutiérrez.

Sin saber lo que minutos después ocurriría, se encaminó a la concurrida plaza para realizar algunas compras junto con su pareja de nombre Enelda Gómez Gómez, de 39 años de edad, y nunca se percató que nadie lo seguía.

Al descender de una camioneta marca Nissan, con placas del estado DC-61-549 de su pertenencia, lo primero que vio fue que dos sujetos armados descendieron de un taxi del servicio público y se dirigían hacia él.

Su primera reacción fue salir corriendo hacia el tumulto de gente dentro de la plaza, lo que provocó que los hampones dispararan en dos ocasiones para amedrentarlo, una de ellas contra la camioneta, y al ver que este se había escapado, los ladrones emprendieron la huida al parecer en el mismo taxi en que habían llegado.

Un policía municipal que cuidaba la plaza y que se encontraba desarmado salió a investigar los hechos, pero los pillos ya habían huido. Inmediatamente llamó a los números de emergencia y solicitó el apoyo de las autoridades municipales y estatales para lograr la captura de los peligrosos sujetos.

A los pocos minutos arribaron patrullas de la Policía Municipal y la Policía Estatal Preventiva (PEP) para indagar sobre los hechos. Al inspeccionar la camioneta, se percataron que una de las esquirlas había quedado en la góndola de la camioneta, mientras que la otra se había perdido.

El agraviado agregó que todo sucedió de forma muy extraña, ya que la persona que le había dado el dinero en la sucursal bancaria presuntamente actuaba de manera intranquila, lo que le pareció raro, por lo dijo que existe la posibilidad que alguien dentro del banco avisó a los hampones sobre la suma que había retirado, para que estos lo siguieran y lo asaltaran.

Hasta el cierre de esta edición se supo que los ladrones no fueron capturados y siguen en calidad de prófugos, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debería investigar de donde se fugó la información acerca de cuanto había retirado el tecpateco y como vestía para que trataran de asaltarlo. Con este asalto son cinco al hilo en lo que va de la semana, suscitándose uno por lo menos al día.

Aunque en las redes sociales se manejo como una balacera provocando pánico solo fue falta de información de quienes difundian está información.

Rescatan a ocho mujeres en "chavos bar" y detienen a cinco por trata de personas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Luego de analizar el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, adscrito a la Fiscalía de Distrito Metropolitana, el Juez Primero del Ramo Penal determinó dictar auto de formal prisión en contra de cinco sujetos como probables responsables del delito de Trata de Personas, tras haber sido señalados de explotar sexualmente a un grupo de mujeres de nacionalidad mexicana, hondureña y salvadoreña, en el establecimiento conocido como “Chavos Bar”, en Tuxtla Gutiérrez. Derivado de una denuncia anónima ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio a la averiguación previa número 359/CAJ4B1 /2011.

En el marco de un exitoso operativo fueron rescatadas ocho mujeres de diversas edades, víctimas de explotación sexual, entre ellas una originaria de Honduras y una más de El Salvador, en el lugar ubicado en la Quinta Poniente y 11 Sur, Barrio San Francisco.

Además, se logró la detención de los propietarios del lugar Daysi Maritza Fernández Reyes de 37 años (originaria de Honduras) y Juan Carlos Valencia Camacho de 34 años, junto a tres de sus cómplices, Vicente Gutiérrez Álvarez, José Luis Valencia Calvo y Antonio de Jesús Vázquez Vázquez

Al declarar ante el Ministerio Público investigador, una de las víctimas afirmó que “Juan Carlos Valencia Camacho y Deysi Maritza Fernández Reyes manejaban a las jóvenes que ahí se prostituían, ofreciéndoles un buen sueldo por consumir bebidas con los clientes y mantener relaciones sexuales, servicio que tenía diferentes precios”.

Además, sostuvo que los otros detenidos se encargaban de cuidar el interior del bar, así como de trasladar a las empleadas cuando cumplían algún servicio en hoteles o domicilios particulares.

“Al estar ahí, conocí a las demás muchachas que también se prostituían, doña Deysi es quien maneja una libreta donde apunta el número de mesas y lleva una relación de las meseras, quiénes fichan y quiénes se van con los clientes durante el día, porque a ella es a quien se le paga, mientras que don Carlos engancha a las muchachas y las lleva al bar para prostituirse”, reveló.

Cabe destacar que, en el desahogo de las diligencias la joven reconoció plenamente a los indiciados como los mismos que operaban al interior del bar en donde diversas mujeres ejercían la prostitución, actividad por la cual ellos obtenían ganancias económicas.

Con estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado reitera el compromiso asumido de combatir de forma real y efectiva la denominada esclavitud del Siglo XXI, por lo que exhorta, una vez más, a la población en general a ser parte de esta cruzada y denunciar de forma anónima a través de las líneas 066 y 089, en los Buzones de Denuncia Anónima o en cualquier agencia del Ministerio Público del territorio chiapaneco, si conoce o ha sido víctima de alguna modalidad de trata de personas.

Afectaciones en Tuxtla por lluvia

Dentro de las afectaciones por las lluvias fuertes que se registraron la madrugada de este viernes se registro un Derrumbe de pared en la 9 nte. y 3 pte , una caída de árbol: 9 nte. Entre 5 y 6 ote.y una caída de una barda en la col. pomarrosa, Av. violeta entre san Lucas y tulipanes.

Así mismo durante la torrencial lluvia se Desbordamiento de arroyo calz. Sumidero a un costado de la normal del estado,
Sobre las inundaciones de casas se reportaron:
1 sur y 13 ote. num.-1345 el agua nivel de 60 cm. Y en la col. linda vista shanka. av. 18 de noviembre mz-48 lt-22 entre 20 de nov. y 15 de oct. En el fracc. Los laureles: con afectación de vienes inmuebles los 5 domicilios:
Av.rio suchiate num.-8o nivel del agua 80cm , y también en los domicilios Av. amarantos casa num.-2- nivel de agua 50cm., casa num 3.- del agua 50cm., casa num.-4, nivel del agua 50cm. Y casa num.-5, nivel del agua 50 m de agua.

También el agua arrastro un vehículo tipo Caribe en la colonia MIravalle en la calle la Angostura y avenida Tzimol.

Caen tres de la banda de “La Pulga” en SCLC

Están relacionados con robo a comercio, asalto a cuentahabientes y extorsiones

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Resultado de un operativo encabezado por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), fueron detenidos tres integrantes de la banda conocida como “La Pulga”, relacionada en diversos asaltos y extorsiones perpetrados en contra de comerciantes de San Cristóbal de Las Casas.

Efectivos de ambas corporaciones detuvieron a Abel Benjamín Trujillo Cruz, Juan Velázquez Estrada y Óscar Rodrigo Trujillo Zenteno cuando circulaban a bordo de un vehículo marca Volkswagen tipo Golf en el que les fueron asegurados un arma de fuego calibre ..45, un cargador con siete cartuchos útiles del mismo calibre y 50 cartuchos calibre 9 mm.

Además, también fue asegurado un automóvil marca Chrysler tipo Aspen con placas de circulación del estado de Chiapas.

Tras su detención fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, donde rindieron su declaración ante el Ministerio Público investigador.

Ahí, reconocieron pertenecer a la banda delictiva denominada “La Pulga” y estar relacionados en diversos robos a comercio, privación ilegal de la libertad, extorsiones y asalto a cuentahabientes en esta región de la entidad.

En su declaración, Óscar Rodrigo Trujillo Zenteno señaló haber recibido 40 mil pesos por su participación en una serie de eventos delictivos.

Ante ello, la Procuraduría de Chiapas continúa con el desahogo de las diligencias correspondientes con el objetivo de conocer de la participación de los indiciados en diferentes delitos, así como de la ubicación de sus cómplices.

Cabe destacar que, estas acciones forman parte del programa integral de fortalecimiento de la seguridad en la zona Altos de Chiapas, lo que ha permitido la detención de al menos 25 presuntos responsables de delitos Contra la Salud, robo, secuestro y homicidio, así como el aseguramiento de droga, armas, cartuchos, autos robados y material pirata.

Luego de la implementación del operativo interinstitucional que encabeza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), una serie de voces se han hecho escuchar en reconocimiento a los resultados obtenidos.

Entre ellos, destacan representantes de Barrios y Colonias de San Cristóbal de Las Casas quienes agradecieron a las autoridades por el exitoso operativo que permitió la detención de 18 personas y el aseguramiento de piratería, automóviles con reporte de robo y un arma de fuego en colonias como “La Hormiga” y “Emiliano Zapata”.

A este reconocimiento se sumaron empresarios, líderes de asociaciones y cámaras empresariales.

El reforzamiento de la seguridad en la ciudad incluye el arranque del operativo interinstitucional, la colocación de puestos de control, así como de Botones de Negocio Seguro y Postes de Seguridad, a través de los cuales la ciudadanía podrá contar con herramientas tecnológicas para dar aviso a las corporaciones de una emergencia y, de esta forma, reducir los tiempos de reacción.

Imparable la corrupción en tránsito Municipal de Tuxtla Gtz

Tras haber denunciado el pasado 15 de abril por esté medio el maltrato, acoso, abuso y corrupción que sufren los policías de Tránsito y vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez , la autoridad ha hizo caso omiso y hoy nuevamente se volvieron a manifestar frente a su secretaria.Los policías inconformes se amotinaron para manifestar su descontento por la forma de trabajar de los comandantes, coordinador, director y secretario ya qué les piden “cuota” para trabajar.

Los Más de 50 elementos pertenecientes a la STyVM (Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal) que se manifestaron y dialogaron con coordinador operativo Ignacio de León Martínez exigieron cese a los hostigamientos y cobros de cuota que tienen dentro de su corporación porque eso los obliga a estar peinando o mordiendo a la ciudadanía para poder cubrir el pago. Así mismo comentaron a los medios de comunicación y confirmaron que actualmente les piden $300 pesos de día y $500 pesos de noche por patrullero y $150 por motopatrullero, dinero que se destina y se reparte entre comandantes, coordinador y directivos de la secretaria.

Aunado a los excesos de corrupción que viven en la Secretaria los elementos también pidieron reparación y si se puede compra de nuevo equipos de Patrullas y motos así como radios, los cuales algunos agentes mencionaron que no tienen y que les exigen traer radio pero la STyVM no tiene ellos tienen que pedir prestado con la secretaria se seguridad Pública Municipal por un costo de $20.00 pesos por turno.

Tras dialogo con De León Martínez este manifestó que desconocía de las cuotas, pero que se comprometía que ya no continuaría y que vería la forma de reparar las unidades y conseguir mejores condiciones para desempeñar su trabajo, mientras que los policías gritaban que eso dice siempre y que no les hace caso , que al contrario toman represalias a los que denuncian la corrupción.

PGJE ejecuta orden de aprehensión contra Pablo Salazar por muerte de bebés en Comitán

Informes de la CNDH, Secretaría de Salud, Contraloría del Estado y Procuraduría coinciden en la falta de material médico, recursos humanos, medicinas e infraestructura adecuada para la atención de los menores

El expediente penal de cinco tomos, 33 anexos y 23 mil fojas útiles, integra las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general

Declaran autoridades de salud de aquel momento, haber solicitado desde el año 2001 recursos para el mejoramiento del hospital de segundo nivel

Pablo Salazar Mendiguchía negó recursos a los hospitales de Comitán por ser la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén, denuncian

Mariano Herrán Salvatti revela que Salazar Mendiguchía le ordenó determinara el no ejercicio de la acción penal en las averiguaciones previas iniciadas por el fallecimiento de los menores

Podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Luego de analizar todas y cada una de las pruebas vertidas en los cinco tomos, 33 anexos y 23 mil 255 fojas útiles que conforman el expediente penal, este miércoles el Juez Primero del Ramo Penal con sede en “El Amate”, libró orden de aprehensión en contra del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de Homicidio Doloso (Comisión por Omisión), derivado de las investigaciones por la muerte de menores en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, Chiapas, entre los meses de noviembre de 2002 y enero de 2003.

La orden girada por el Juez de la causa, dentro del expediente penal 138/2011, en relación al homicidio de dos menores de edad, quien en vida respondieran a los nombres de Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, fue ejecutada este mismo miércoles tres de agosto por elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En el marco del expediente penal, integrado en estricto apego a Derecho, destacan las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general, lo que permitió determinar que, entre otras cosas, existía una grave deficiencia en equipamiento médico, recursos humanos, medicinas y sanidad.

Cabe destacar que, en relación a la muerte de los gemelos de apellidos Morales Alfaro, el 23 de julio de este año la madre de los menores, Concepción Alfaro Zamorano, compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría de Chiapas, a quien expresó su inconformidad legal por la determinación del no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa iniciada en el año 2002 por el fallecimiento de sus bebés, toda vez que en ningún momento fue notificada.

En atención a esta denuncia, la Fiscalía Jurídica Normativa de la Procuraduría de Chiapas analizó la solicitud lo que le permitió detectar graves inconsistencias en la determinación del no ejercicio de la acción penal, por lo que ordenó volver a activar la indagatoria.

De esta forma, la Procuraduría General de Justicia del Estado llevó a cabo el desahogo de las diligencias correspondientes, con la finalidad de conocer el grado de responsabilidad de diversos servidores públicos involucrados en el suministro y ejecución de los recursos públicos que hubiesen permitido ofrecer servicios de salud de calidad.

En este contexto, sobresale la declaración ministerial del ex director del Hospital General K de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, quien puntualizó que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados, por el contrario, dijo, en el año 2002 hubo un recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos.

Agregó que a mediados del año 2002, durante una reunión en Tuxtla Gutiérrez, “el propio Pablo Salazar Mendiguchía me dijo que no habría ningún tipo de apoyo económico para el hospital, posteriormente, en otro acercamiento, Ángel René Estrada Arévalo me hizo saber que el Gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que era la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén”.

Dichas solicitudes no fueron atendidas por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, ni por su secretario de Salud, a pesar de que sí se contaba con los recursos suficientes, como lo demuestra el oficio número SH/0035/2002 de fecha dos de enero de 2002, con el que se le comunica al secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, elpresupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2002 aprobado para dicho instituto por la cantidad de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, como lo confirma, además, la copia certificada del Periódico Oficial número 073-3ª Sección en el que se publica las Erogaciones correspondiente al Instituto de Salud por la cantidad mencionada.

Quien fungiera como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número tres, con sede en Comitán, José Juan Solórzano Moguel, afirmó que “desde el año 2001 se realizaron las solicitudes directamente con el secretario de Salud y apuntó que las instalaciones del hospital estaban en pésimas condiciones, ya que no contaban con el espacio suficiente para atender a los pacientes y la red de oxígeno no funcionaba, debido a que nunca les fueron asignados los recursos.

De acuerdo a las testimoniales se confirma que el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía tenía conocimiento que anterior a la muerte de los menores Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, ocurrida el 27 y 30 de diciembre de 2002, ya habían perdido la vida un total de 22 neonatos más, debiendo ordenar el suministro de recursos públicos para evitar la muerte de otros menores, sin que obren en autos elementos que permitan observar que hubiera intentado algo para evitar tan lamentables hechos.

En ese entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició 24 averiguaciones previas por la muerte de bebés en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, entre los meses de noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003.

Por su parte, el ex Procurador General de Justicia del Estado, Mariano Francisco Herrán Salvatti, declaró haber tenido conocimiento del fallecimiento de los bebés ante el inicio de diversas actas administrativas que debido a la presión pública fueron elevadas a averiguaciones previas.

Herrán Salvatti reveló que en una primera reunión, “el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que se estaban realizando por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”.

El ex funcionario estatal detalló que a mediados del mes de abril del año 2004 fue llamado por el Gobernador a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno y “hallándonos ambos en el Despacho del Gobernador, sentados ante su escritorio, Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo como asunto totalmente concluido”.

“Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo” enfatizó.

Aunado a las testimoniales recabadas, obran en autos las conclusiones emitidas en su momento por la entonces Contraloría General del Estado, la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el año 2004 emitió al Gobierno del Estado de Chiapas la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.

Subraya la inexistencia de equipo médico e instrumental necesario y el uso de ventiladores manuales, a pesar de que al ser un hospital de segundo nivel estaba obligado, de acuerdo a la normatividad, a contar con ventiladores automáticos

También, hace referencia a un diagnóstico conjunto emitido el 13 de enero de 2003, con la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, así como por la Organización Panamericana de la Salud, el cual señala que en el hospital no se contaba con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para atender la demanda de cuidados neonatales.

Además, en su informe la CNDH recomendó al Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía “se sirva instruir al Procurador General de Justicia a efecto de que tome las medidas necesarias para que se integren y determinen conforme a derecho las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos, en atención a las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones del presente documento”.

Por todo ello, al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía se le imputa el delito de Homicidio Doloso (comisión por omisión) a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución Federal, la particular del Estado de Chiapas y la Ley de Salud del Estado, además de haber decidido por cuestiones políticas no otorgar los recursos económicos para el equipamiento médico, medicinas y atención especializada del Hospital General K de Comitán de Domínguez..

De estos hechos, se desprende también que el inculpado estaba obligado a resguardar específicamente el bien jurídico tutelado por las normas jurídicas, por lo que su conducta omisiva derivó en la muerte de los menores en el hospital de Comitán, muertes que, en todo momento, pudieron y debieron haberse evitado.

Por este delito Pablo Salazar Mendiguchía podría alcanzar una pena hasta de 20 años de prisión por cada uno de los menores fallecidos. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda, una vez más, su firme compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho que permiten recuperar la confianza de quienes, en otros tiempos, vieron violentados sus derechos y garantías fundamentales.

Continua con exito el operativo limpieza en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), detuvieron en Tuxtla Gutiérrez a un sujeto por los delitos de Robo y Daños, mientras que 19 personas fueron puestas a disposición del Juez Calificador por diversas faltas administrativas.

Las corporaciones informaron que aunado a la detención de Jorge Luis Hernández Ramírez, este 29 de julio se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de Jorge González Castellanos por el delito de Fraude y en contra de Marco Antonio Marín Velázquez por Robo.

En la capital chiapaneca, los efectivos lograron la detención de Raymundo Pérez Cruz de 35 años de edad, quien fue sindicado por un ciudadano víctima de un robo al interior de su automóvil.

El denunciante afirmó que al encontrarse a la altura del Reloj Floral en Tuxtla Gutiérrez, en las inmediaciones del Parque Joyu Mayu, el presunto responsable lo interceptó sustrayendo de la unidad un amplificador, un par de Buffer, un auto stereo y una computadora tipo lap top, mismos que fueron recuperados por los elementos de seguridad.

Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Metropolitano inició la averiguación previa número 334/CAJ4D-T1/2011, por el delito de Robo y Daños, toda vez que la unidad presentó afectaciones en el parabrisas y la ventanilla del conductor del vehículo marca Chevrolet tipo Astra modelo 2002.

Además, durante las últimas horas las fuerzas especiales de las corporaciones involucradas en el Operativo Limpieza detuvieron en Tapachula a Venner Salas López por Robo con Violencia agravado.

También se encuentran detenidos Misael Arreola Damián y Arnulfo Pérez por los delitos de Ataques a las vías de comunicación, Lesiones y Daños, y Francisco Javier Bartolón Pérez por Ataques a las vías de comunicación.

A estas acciones se suma la presentación de 16 personas ante el Juez Calificador y la revisión de forma aleatoria de un total de 100 automóviles en los puntos estratégicos de la ciudad.

Cabe recordar que, desde el inicio del Operativo Limpieza el pasado 25 de junio el grupo interinstitucional ha logrado la detención de 334 personas y la presentación de un total de mil 409 ante el Juez Calificador, mientras que más de seis mil vehículos han sido revisados.

Tan sólo en Tuxtla Gutiérrez, el operativo interinstitucional ha permitido la desarticulación de 10 bandas delictivas que operaban en diversas colonias y se dedicaban principalmente al robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo a comercio.

Entre estos grupos, destacan la banda de “El Pumpo”, “La Hormiga”, “El Spay”, “El Crazy”, “El Chito” y “El Chino”.

Con estos hechos, el grupo interinstitucional reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de las familias chiapanecas y con la aplicación de una procuración de justicia pronta, real y expedita.

Asimismo, hace un llamado a la población en general a seguir haciendo uso de las líneas de denuncia 066 y 089, así como de los Buzones de Denuncia Anónima, Módulos de Orientación a tu Denuncia, la página de internet www.pgje.chiapas.gob.mx y de las cuentas de Twitter @pgjechiapas y @TuParticipacion.

Ocho detenidos y dos vehículos con reporte de robo recuperados, en el marco del Operativo Limpieza

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Dentro del Operativo Limpieza, elementos de la Procuraduría de Chiapas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detuvieron en la jornada del 28 de julio a ocho personas por diversos delitos, presentaron a 37 más ante el Juez Calificador por faltas administrativas y recuperaron dos vehículos con reporte de robo durante las acciones implementadas en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

En la capital chiapaneca, fueron detenidos Mario Gómez Díaz por el delito de Ecocidio, Armando Gómez Hernández por Robo de vehículo y Juan José Gutiérrez Marroquín por Robo a dependiente.

Asimismo, 20 personas fueron presentadas ante el Juez calificador por diversas faltas administrativas y se recuperó un automóvil marca Nissan tipo Tsuru por contar con reporte de robo.

Mientras tanto, en la ciudad de Tapachula el grupo interinstitucional logró la detención de Javier de Jesús Martínez Juárez por Robo con violencia agravado; José Mateo Carrillo y José Carlos Santos Mateo por Robo de vehículo en grado de tentativa y Asociación delictuosa; Ricardo Citalán Gutiérrez por Robo con violencia, Lesiones y Resistencia de particulares; y Rigoberto Montes Torres por el delito de Violencia familiar.

17 personas fueron presentadas ante el Juez Calificador y se recuperó un vehículo tipo Tsuru en su modalidad de taxi con número económico 1222.

Además, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Rodrigo Godínez Gómez por Violencia familiar equiparada y en contra de Enrique Recinos Ramos por Robo ejecutado con violencia.

Con estas acciones, las corporaciones involucradas continúan el fortalecimiento de las medidas de seguridad y prevención del delito, por lo que hacen un llamado a la población en general a seguir haciendo uso de las líneas de denuncia 066 y 089, así como de los Buzones de Denuncia Anónima, de los Módulos de Orientación a tu Denuncia y de la página de Internet.

Hallan cadáveres de los tres ahogados en Acala

Fueron rescatados dos días después de ser arrastrados por las corrientes del Río Grijalva en el remanso de la localidad Nueva “Villahermosa”

OSWALDO RODRÍGUEZ foto: ULISES LÓPEZ

El paseo se convirtió en tragedia, las corrientes del río Grijalva arrastraron a un joven y dos menores hasta dispersarlos a lo largo del segundo río más caudaloso del país; su paradero era impreciso hasta que dos días después de una intensa búsqueda, los cadáveres fueron hallados entre los márgenes del Grijalva en Chiapa de Corzo.

El lunes, la familia había partido de su domicilio en la colonia Miravalle de la capital un día después del cumpleaños ocho de Alejandra Guadalupe González Gómez, la mayor de cuatro hijos.

Ese domingo, ella y sus hermanos Gladys Esmeralda, de 6 años y el varón de 7, salieron a convivencia infantil a dar un paseo junto a sus padres, el bebé de dos años —aún en brazos— y su primo Nicolás González Pérez, de 20.

“Era el primo consentido y a donde sea que iba, los niños lo seguían” dijo una conocida de la familia.

Los González Gómez partieron al siguiente día con destino a Villa de Acala y decidieron apostarse en las márgenes del afluente situado en la localidad Nueva Villahermosa del mismo municipio.

Transcurrieron un par de horas y pasada las 15:00 horas sucedió la tragedia; el agua se agitaba, cuatro menores manoteaban sobre la superficie del río y los gritos eran cortados de tajo al sumergirse. El primo y su hermano, se lanzaron a rescatarlos. Dos lograron salir pero el otro par —junto con Nicolás— fue “devorado” por el remanso. Eran la hija mayor del matrimonio y Gladys, quien cumpliría siete años el próximo miércoles 3 de Agosto.

Entre la desesperación y a la angustia, el reporte del incidente fue hecho a las 16:20 horas a los números de Protección Civil de Villa de Acala. La búsqueda inició 40 minutos después con más de 40 Más de 40 elementos del Sistema Estatal de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC).

Las primeras 24 horas de búsqueda fueron infructuosas, el equipo partió desde Nueva Villa Hermosa hasta el cañón del Sumidero se sumaron a ellos un equipo especializado de buceo, pero el resultado fue el mismo.

Fue a eso de las 10 de la mañana del miércoles, que el grupo de Unidad de Rescate y Operativos Acuáticos (UROA) de la SSyPC dio con el primer cadáver en el tapón del Río Grijalva; se trataba Nicolás González Pérez, quien yacía con los brazos rígidos por delante y el cuerpo enrojecido.

El joven era oriundo de la localidad de Tenango municipio de Ocosingo pero de muy pequeño emigró a la capital a vivir en casa de su hermano (el padre de las dos niñas perecidas) en donde años más tarde entró a laborar en un expendio de puerco de la empresa “Don Paco”, en el que trabajaba actualmente.

Era de complexión robusta y su físico lo hacía parecer a simple vista a una persona mayor de 20 años.

Los oficiales llevaron su cuerpo a la superficie cubierto con una bolsa verde que dejaba expuesto su rostro y pecho. Así lo mantuvieron por más de media hora en espera a periciales del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes arribaron minutos antes del medio día.

PEQUEÑOS CUERPOS INERTES

Desde el día en que desaparecieron, la madre de las niñas dispuso a espera en Villa de Acala el cuerpo de sus pequeñas, “no se movería de ahí” había sentenciado. La noticia le llegó de golpe, el cuerpo sin vida de su cuñado había sido rescatado de entre los residuos flotantes del tapón, pero de sus hijas aún no tenían pistas.

Su esposo y su suegro, iniciaron el papeleo para los servicios funerarios del occiso; sin embargo, ella seguía esperando.

Pasaron dos horas del primer hallazgo y a la cuarta, el equipo UROA y protección Civil informaron que las dos menores ahogadas ya había sido localizadas. Los datos preliminares manejaban que los cuerpos fueron encontrados inertes en un remanso de la localidad de Adolfo López Mateos, en Villa Acala.

Más tarde, una fuente confidencial del Sistema Estatal de Protección Civil confirmó que los restos fueron rescatados en los márgenes del Río Grijalva en la localidad de Chiapa de Corzo.

Minutos después fueron llevadas en una lancha hasta las márgenes del afluente y posteriormente siguieron de nuevo a su primo pues —al igual que Nicolás— los periciales las trasladaron al SEMEFO para realizarles la necropsia de ley correspondiente.

Las aguas del río Grijalva que arrastraron y dispersaron a las hermanas y su primo, los devolverían 48 horas después a sus familiares a más allá de 15 kilómetros de donde el lunes perecieron ahogados.

Asaltó a Autobus en autopista Tuxtla-San Cristóbal

OSWALDO RODRÍGUEZ, OEM

Partieron de la capital a bordo de un autobús de al menos 19 pasajeros, entre niños, mujeres y ancianos; su viaje tendría escalas en Comitán, Lagos de Colón hasta llegar a La Mesilla, pero su ruta cambiaría por completo.

El grupo de pequeños comerciantes tendría el peor viaje de su vida. Fueron asaltados a mitad de la noche en el kilómetro 28 de la carretera Tuxtla-San Cristóbal por una banda de hombres armados; en suma, el auxilio aparecería tres horas después del reporte y las autoridades hasta ahora siguen sin voltear a verlos.

Indignados, los agraviados platicaron para la OEM lo ocurrido esa noche del miércoles 20 de Julio del presente año:

El autobús de pasajeros ingresó en el carril 4 A de la plaza de cobro Chiapa de Corzo a las 22: 37: 12 horas según marca el ticket de cuota; pasaron los primeros kilómetros sin percance; sin embargo, alrededor de las 23:05 horas en el kilómetro 28, un fuerte sonido se escuchó en el costado de la unidad, le continuó otro ruido intenso que destruyó el cristal del camión.

— ¡Son disparos! pensó uno de los pasajeros.

—¡Nos van asaltar! ¿Qué hacemos? Preguntó al encargado del grupo.

—Échales el carro encima— respondió.

Antes de emprender la maniobra, una camioneta Nissan le cerró el pasó y de la góndola brincaron dos personas armadas, una se dirigió a la ventanilla del chofer y le puso el cañón de una escuadra en la sien mientras la otra ingresaba por la puerta del autobús.

—Jálate, cabrón— advirtieron los delincuentes.

El operador del autobús, siguió su trayectoria y a los pocos metros fue obligado a desviar su camino hasta ingresar 400 metros dentro de una solitaria vereda; era un lugar oscuro, lejos de la luces de la carretera.

En el lugar, los demás asaltantes descendieron de su camioneta, eran seis por total, todos cubiertos con una tela blanca que únicamente exponía el contorno de sus ojos.

— ¿De dónde son?

—De Tuxtla, respondieron casi a unísono.

—¿A dónde van?

—A La Mesilla.

Después del breve cuestionamiento, los salteadores bajaron a los pasajeros, dos se encargaron de escudriñar el interior, otro par de revisar a las personas mientras los restantes encañaban con “cuernos de chivo” a las personas, quienes eran obligadas a permanecer hincadas y con las manos por detrás de la cabeza.

La revisión era exhaustiva e indignante, al grado de que algunas mujeres fueron tocadas por debajo del pantalón hasta tocarle sus genitales.

Los afectados gritaban de miedo y angustia. Por ello, el encargado indicaba a los delincuentes que no les hicieran daño.

Otra voz se escuchó en el fondo:

—No sean malos, trabajamos por necesidad— dijo una mujer del grupo.

—Nosotros también robamos por necesidad— contestó el “Chavo”.

El atraco duró más de 40 minutos, pero para muchos parecía que el tiempo se había detenido.

El que daba las órdenes, mandó a “El Chavo” a desprender con una navaja el estéreo del camión y lo hizo enseguida. Después, fue por las llaves del autobús.

—Ya tienen lo que querían, no nos van a dejar aquí, objetó el conductor.

El que daba las órdenes, subió al camión y lo encañó “¿Te vas a poner cabronsito?” le dijo. De inmediato, el camionero entregó las llaves y el delincuente informó a las víctimas que dejaría la llave a la entrada de la vereda pero tenían que esperar media hora para poder ir por ellas. Así lo hicieron.

Los infractores se llevaron consigo, alrededor de 250 mil pesos en efectivo y demás pertenencias de los asaltados.

“VALIENTE” AYUDA

Luego de librarse de la vereda, los afectados salieron a pedir ayuda a orilla de la autopista pero nadie respondía, el encargado entonces caminó otro kilómetro más hasta que observó dos “rayitas” de señal en el celular. Eran alrededor de las 00:20 horas del jueves.

Enseguida, llamó al teléfono de emergencias de la caseta de cobros, pero la ayuda fue negada, se comunicó entonces al 066 pero la operadora expresó que no les competía a ellos, que buscaran otros medios. Lo ultimo que dijo fue de que “enviaran a alguien a auxiliar”. Ese “alguien” jamás apareció.

Más de tres horas desamparados, sin que alguna autoridad auxiliara a los recién asaltados. Fue hasta las 02:30 horas que una patrulla de la Policía Federal arribó a la zona. Minutos después se sumó al apoyo una unidad de la Policía Estatal de Tránsito.

Los afectados indicaron a los oficiales que sus bolsos se habían quedado en el bus a 400 metros dentro de la vereda, pero los uniformados tuvieron miedo.

Después de varios minutos, el Federal dispersó a los pasajeros en distintos vehículos para que regresaran a Tuxtla mientras el operador, se quedaba en el lugar en espera a la grúa que remolcaría el camión.

En ese momento, las pantallas del transporte público estaban completas, pero en tanto llegó a la caseta para saber el destino de la grúa, habían desaparecido. Los oficiales indicaron que posiblemente fueron los mismos ladrones que regresaron al lugar.

Dieron las 3:00 de la mañana y el grupo se dirigió ante las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para levantar la denuncia pero nadie les hizo caso, en cambio, los mandaron a la Fiscalía de Chiapa de Corzo y de ahí a otras instancias.

Va casi una semana y a parte del asalto y del dinero a crédito que tendrán que pagar sin usarlo, los agraviados tienen la desdicha de que las autoridades aún siguen sin voltear a verlos.