Cruz roja Tuxtla Gutiérrez Chiapas

Cruz roja Tuxtla Gutiérrez Chiapas

sábado, 27 de agosto de 2011

Disparan contra cuentahabiente para asaltarlo en plaza cristal

Jesús Toledo / Ulises López




“Yo solo salí corriendo del estacionamiento y me detuve hasta la primer puerta”, esta fue la primer reacción de un civil a quien dos peligrosos sujetos intentaron asaltar en el estacionamiento de conocida plaza al poniente de la ciudad para arrebatarle la cantidad de 80 mil pesos. Aunque el asalto no se consumó, los pistoleros alarmaron a los civiles que se encontraban el lugar al realizar dos detonaciones y huir antes de que llegara la policía.




Armando Morales Estrada, de 40 años de edad, originario del municipio de Tecpatan, dijo que momentos antes del violento hecho, éste había retirado la modesta cantidad de una sucursal bancaria de Banamex, ubicado sobre la Novena Sur de Tuxtla Gutiérrez.




Sin saber lo que minutos después ocurriría, se encaminó a la concurrida plaza para realizar algunas compras junto con su pareja de nombre Enelda Gómez Gómez, de 39 años de edad, y nunca se percató que nadie lo seguía.




Al descender de una camioneta marca Nissan, con placas del estado DC-61-549 de su pertenencia, lo primero que vio fue que dos sujetos armados descendieron de un taxi del servicio público y se dirigían hacia él.




Su primera reacción fue salir corriendo hacia el tumulto de gente dentro de la plaza, lo que provocó que los hampones dispararan en dos ocasiones para amedrentarlo, una de ellas contra la camioneta, y al ver que este se había escapado, los ladrones emprendieron la huida al parecer en el mismo taxi en que habían llegado.




Un policía municipal que cuidaba la plaza y que se encontraba desarmado salió a investigar los hechos, pero los pillos ya habían huido. Inmediatamente llamó a los números de emergencia y solicitó el apoyo de las autoridades municipales y estatales para lograr la captura de los peligrosos sujetos.




A los pocos minutos arribaron patrullas de la Policía Municipal y la Policía Estatal Preventiva (PEP) para indagar sobre los hechos. Al inspeccionar la camioneta, se percataron que una de las esquirlas había quedado en la góndola de la camioneta, mientras que la otra se había perdido.




El agraviado agregó que todo sucedió de forma muy extraña, ya que la persona que le había dado el dinero en la sucursal bancaria presuntamente actuaba de manera intranquila, lo que le pareció raro, por lo dijo que existe la posibilidad que alguien dentro del banco avisó a los hampones sobre la suma que había retirado, para que estos lo siguieran y lo asaltaran.




Hasta el cierre de esta edición se supo que los ladrones no fueron capturados y siguen en calidad de prófugos, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debería investigar de donde se fugó la información acerca de cuanto había retirado el tecpateco y como vestía para que trataran de asaltarlo. Con este asalto son cinco al hilo en lo que va de la semana, suscitándose uno por lo menos al día.




Aunque en las redes sociales se manejo como una balacera provocando pánico solo fue falta de información de quienes difundian está información.


viernes, 26 de agosto de 2011

Rescatan a ocho mujeres en "chavos bar" y detienen a cinco por trata de personas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Luego de analizar el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, adscrito a la Fiscalía de Distrito Metropolitana, el Juez Primero del Ramo Penal determinó dictar auto de formal prisión en contra de cinco sujetos como probables responsables del delito de Trata de Personas, tras haber sido señalados de explotar sexualmente a un grupo de mujeres de nacionalidad mexicana, hondureña y salvadoreña, en el establecimiento conocido como “Chavos Bar”, en Tuxtla Gutiérrez. Derivado de una denuncia anónima ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio a la averiguación previa número 359/CAJ4B1 /2011.


En el marco de un exitoso operativo fueron rescatadas ocho mujeres de diversas edades, víctimas de explotación sexual, entre ellas una originaria de Honduras y una más de El Salvador, en el lugar ubicado en la Quinta Poniente y 11 Sur, Barrio San Francisco.


Además, se logró la detención de los propietarios del lugar Daysi Maritza Fernández Reyes de 37 años (originaria de Honduras) y Juan Carlos Valencia Camacho de 34 años, junto a tres de sus cómplices, Vicente Gutiérrez Álvarez, José Luis Valencia Calvo y Antonio de Jesús Vázquez Vázquez


Al declarar ante el Ministerio Público investigador, una de las víctimas afirmó que “Juan Carlos Valencia Camacho y Deysi Maritza Fernández Reyes manejaban a las jóvenes que ahí se prostituían, ofreciéndoles un buen sueldo por consumir bebidas con los clientes y mantener relaciones sexuales, servicio que tenía diferentes precios”.


Además, sostuvo que los otros detenidos se encargaban de cuidar el interior del bar, así como de trasladar a las empleadas cuando cumplían algún servicio en hoteles o domicilios particulares.


“Al estar ahí, conocí a las demás muchachas que también se prostituían, doña Deysi es quien maneja una libreta donde apunta el número de mesas y lleva una relación de las meseras, quiénes fichan y quiénes se van con los clientes durante el día, porque a ella es a quien se le paga, mientras que don Carlos engancha a las muchachas y las lleva al bar para prostituirse”, reveló.


Cabe destacar que, en el desahogo de las diligencias la joven reconoció plenamente a los indiciados como los mismos que operaban al interior del bar en donde diversas mujeres ejercían la prostitución, actividad por la cual ellos obtenían ganancias económicas.


Con estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado reitera el compromiso asumido de combatir de forma real y efectiva la denominada esclavitud del Siglo XXI, por lo que exhorta, una vez más, a la población en general a ser parte de esta cruzada y denunciar de forma anónima a través de las líneas 066 y 089, en los Buzones de Denuncia Anónima o en cualquier agencia del Ministerio Público del territorio chiapaneco, si conoce o ha sido víctima de alguna modalidad de trata de personas.




Afectaciones en Tuxtla por lluvia

Dentro de las afectaciones por las lluvias fuertes que se registraron la madrugada de este viernes se registro un Derrumbe de pared en la 9 nte. y 3 pte , una caída de árbol: 9 nte. Entre 5 y 6 ote.y una caída de una barda en la col. pomarrosa, Av. violeta entre san Lucas y tulipanes.

Así mismo durante la torrencial lluvia se Desbordamiento de arroyo calz. Sumidero a un costado de la normal del estado,
Sobre las inundaciones de casas se reportaron:
1 sur y 13 ote. num.-1345 el agua nivel de 60 cm. Y en la col. linda vista shanka. av. 18 de noviembre mz-48 lt-22 entre 20 de nov. y 15 de oct. En el fracc. Los laureles: con afectación de vienes inmuebles los 5 domicilios:
Av.rio suchiate num.-8o nivel del agua 80cm , y también en los domicilios Av. amarantos casa num.-2- nivel de agua 50cm., casa num 3.- del agua 50cm., casa num.-4, nivel del agua 50cm. Y casa num.-5, nivel del agua 50 m de agua.






También el agua arrastro un vehículo tipo Caribe en la colonia MIravalle en la calle la Angostura y avenida Tzimol.


miércoles, 24 de agosto de 2011

Caen tres de la banda de “La Pulga” en SCLC

Están relacionados con robo a comercio, asalto a cuentahabientes y extorsiones


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Resultado de un operativo encabezado por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), fueron detenidos tres integrantes de la banda conocida como “La Pulga”, relacionada en diversos asaltos y extorsiones perpetrados en contra de comerciantes de San Cristóbal de Las Casas.


Efectivos de ambas corporaciones detuvieron a Abel Benjamín Trujillo Cruz, Juan Velázquez Estrada y Óscar Rodrigo Trujillo Zenteno cuando circulaban a bordo de un vehículo marca Volkswagen tipo Golf en el que les fueron asegurados un arma de fuego calibre ..45, un cargador con siete cartuchos útiles del mismo calibre y 50 cartuchos calibre 9 mm.


Además, también fue asegurado un automóvil marca Chrysler tipo Aspen con placas de circulación del estado de Chiapas.


Tras su detención fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, donde rindieron su declaración ante el Ministerio Público investigador.


Ahí, reconocieron pertenecer a la banda delictiva denominada “La Pulga” y estar relacionados en diversos robos a comercio, privación ilegal de la libertad, extorsiones y asalto a cuentahabientes en esta región de la entidad.


En su declaración, Óscar Rodrigo Trujillo Zenteno señaló haber recibido 40 mil pesos por su participación en una serie de eventos delictivos.


Ante ello, la Procuraduría de Chiapas continúa con el desahogo de las diligencias correspondientes con el objetivo de conocer de la participación de los indiciados en diferentes delitos, así como de la ubicación de sus cómplices.


Cabe destacar que, estas acciones forman parte del programa integral de fortalecimiento de la seguridad en la zona Altos de Chiapas, lo que ha permitido la detención de al menos 25 presuntos responsables de delitos Contra la Salud, robo, secuestro y homicidio, así como el aseguramiento de droga, armas, cartuchos, autos robados y material pirata.


Luego de la implementación del operativo interinstitucional que encabeza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), una serie de voces se han hecho escuchar en reconocimiento a los resultados obtenidos.


Entre ellos, destacan representantes de Barrios y Colonias de San Cristóbal de Las Casas quienes agradecieron a las autoridades por el exitoso operativo que permitió la detención de 18 personas y el aseguramiento de piratería, automóviles con reporte de robo y un arma de fuego en colonias como “La Hormiga” y “Emiliano Zapata”.


A este reconocimiento se sumaron empresarios, líderes de asociaciones y cámaras empresariales.


El reforzamiento de la seguridad en la ciudad incluye el arranque del operativo interinstitucional, la colocación de puestos de control, así como de Botones de Negocio Seguro y Postes de Seguridad, a través de los cuales la ciudadanía podrá contar con herramientas tecnológicas para dar aviso a las corporaciones de una emergencia y, de esta forma, reducir los tiempos de reacción.


jueves, 11 de agosto de 2011

Imparable la corrupción en tránsito Municipal de Tuxtla Gtz

Tras haber denunciado el pasado 15 de abril por esté medio el maltrato, acoso, abuso y corrupción que sufren los policías de Tránsito y vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez , la autoridad ha hizo caso omiso y hoy nuevamente se volvieron a manifestar frente a su secretaria.Los policías inconformes se amotinaron para manifestar su descontento por la forma de trabajar de los comandantes, coordinador, director y secretario ya qué les piden “cuota” para trabajar.







Los Más de 50 elementos pertenecientes a la STyVM (Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal) que se manifestaron y dialogaron con coordinador operativo Ignacio de León Martínez exigieron cese a los hostigamientos y cobros de cuota que tienen dentro de su corporación porque eso los obliga a estar peinando o mordiendo a la ciudadanía para poder cubrir el pago. Así mismo comentaron a los medios de comunicación y confirmaron que actualmente les piden $300 pesos de día y $500 pesos de noche por patrullero y $150 por motopatrullero, dinero que se destina y se reparte entre comandantes, coordinador y directivos de la secretaria.



Aunado a los excesos de corrupción que viven en la Secretaria los elementos también pidieron reparación y si se puede compra de nuevo equipos de Patrullas y motos así como radios, los cuales algunos agentes mencionaron que no tienen y que les exigen traer radio pero la STyVM no tiene ellos tienen que pedir prestado con la secretaria se seguridad Pública Municipal por un costo de $20.00 pesos por turno.



Tras dialogo con De León Martínez este manifestó que desconocía de las cuotas, pero que se comprometía que ya no continuaría y que vería la forma de reparar las unidades y conseguir mejores condiciones para desempeñar su trabajo, mientras que los policías gritaban que eso dice siempre y que no les hace caso , que al contrario toman represalias a los que denuncian la corrupción.


jueves, 4 de agosto de 2011

PGJE ejecuta orden de aprehensión contra Pablo Salazar por muerte de bebés en Comitán

Informes de la CNDH, Secretaría de Salud, Contraloría del Estado y Procuraduría coinciden en la falta de material médico, recursos humanos, medicinas e infraestructura adecuada para la atención de los menores


El expediente penal de cinco tomos, 33 anexos y 23 mil fojas útiles, integra las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general


Declaran autoridades de salud de aquel momento, haber solicitado desde el año 2001 recursos para el mejoramiento del hospital de segundo nivel


Pablo Salazar Mendiguchía negó recursos a los hospitales de Comitán por ser la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén, denuncian


Mariano Herrán Salvatti revela que Salazar Mendiguchía le ordenó determinara el no ejercicio de la acción penal en las averiguaciones previas iniciadas por el fallecimiento de los menores


Podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Luego de analizar todas y cada una de las pruebas vertidas en los cinco tomos, 33 anexos y 23 mil 255 fojas útiles que conforman el expediente penal, este miércoles el Juez Primero del Ramo Penal con sede en “El Amate”, libró orden de aprehensión en contra del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de Homicidio Doloso (Comisión por Omisión), derivado de las investigaciones por la muerte de menores en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, Chiapas, entre los meses de noviembre de 2002 y enero de 2003.


La orden girada por el Juez de la causa, dentro del expediente penal 138/2011, en relación al homicidio de dos menores de edad, quien en vida respondieran a los nombres de Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, fue ejecutada este mismo miércoles tres de agosto por elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado.


En el marco del expediente penal, integrado en estricto apego a Derecho, destacan las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general, lo que permitió determinar que, entre otras cosas, existía una grave deficiencia en equipamiento médico, recursos humanos, medicinas y sanidad.


Cabe destacar que, en relación a la muerte de los gemelos de apellidos Morales Alfaro, el 23 de julio de este año la madre de los menores, Concepción Alfaro Zamorano, compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría de Chiapas, a quien expresó su inconformidad legal por la determinación del no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa iniciada en el año 2002 por el fallecimiento de sus bebés, toda vez que en ningún momento fue notificada.


En atención a esta denuncia, la Fiscalía Jurídica Normativa de la Procuraduría de Chiapas analizó la solicitud lo que le permitió detectar graves inconsistencias en la determinación del no ejercicio de la acción penal, por lo que ordenó volver a activar la indagatoria.


De esta forma, la Procuraduría General de Justicia del Estado llevó a cabo el desahogo de las diligencias correspondientes, con la finalidad de conocer el grado de responsabilidad de diversos servidores públicos involucrados en el suministro y ejecución de los recursos públicos que hubiesen permitido ofrecer servicios de salud de calidad.


En este contexto, sobresale la declaración ministerial del ex director del Hospital General K de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, quien puntualizó que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados, por el contrario, dijo, en el año 2002 hubo un recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos.


Agregó que a mediados del año 2002, durante una reunión en Tuxtla Gutiérrez, “el propio Pablo Salazar Mendiguchía me dijo que no habría ningún tipo de apoyo económico para el hospital, posteriormente, en otro acercamiento, Ángel René Estrada Arévalo me hizo saber que el Gobernador dijo que no suministraría ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que era la tierra del ex gobernador Roberto Albores Guillén”.


Dichas solicitudes no fueron atendidas por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, Pablo Salazar Mendiguchía, ni por su secretario de Salud, a pesar de que sí se contaba con los recursos suficientes, como lo demuestra el oficio número SH/0035/2002 de fecha dos de enero de 2002, con el que se le comunica al secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, elpresupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2002 aprobado para dicho instituto por la cantidad de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, como lo confirma, además, la copia certificada del Periódico Oficial número 073-3ª Sección en el que se publica las Erogaciones correspondiente al Instituto de Salud por la cantidad mencionada.


Quien fungiera como Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número tres, con sede en Comitán, José Juan Solórzano Moguel, afirmó que “desde el año 2001 se realizaron las solicitudes directamente con el secretario de Salud y apuntó que las instalaciones del hospital estaban en pésimas condiciones, ya que no contaban con el espacio suficiente para atender a los pacientes y la red de oxígeno no funcionaba, debido a que nunca les fueron asignados los recursos.


De acuerdo a las testimoniales se confirma que el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía tenía conocimiento que anterior a la muerte de los menores Jesús Alejandro Morales Alfaro y Gerardo Morales Alfaro, ocurrida el 27 y 30 de diciembre de 2002, ya habían perdido la vida un total de 22 neonatos más, debiendo ordenar el suministro de recursos públicos para evitar la muerte de otros menores, sin que obren en autos elementos que permitan observar que hubiera intentado algo para evitar tan lamentables hechos.


En ese entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició 24 averiguaciones previas por la muerte de bebés en el Hospital General K de Comitán de Domínguez, entre los meses de noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003.


Por su parte, el ex Procurador General de Justicia del Estado, Mariano Francisco Herrán Salvatti, declaró haber tenido conocimiento del fallecimiento de los bebés ante el inicio de diversas actas administrativas que debido a la presión pública fueron elevadas a averiguaciones previas.


Herrán Salvatti reveló que en una primera reunión, “el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que se estaban realizando por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”.


El ex funcionario estatal detalló que a mediados del mes de abril del año 2004 fue llamado por el Gobernador a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno y “hallándonos ambos en el Despacho del Gobernador, sentados ante su escritorio, Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo como asunto totalmente concluido”.


“Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo” enfatizó.


Aunado a las testimoniales recabadas, obran en autos las conclusiones emitidas en su momento por la entonces Contraloría General del Estado, la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en el año 2004 emitió al Gobierno del Estado de Chiapas la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.


Subraya la inexistencia de equipo médico e instrumental necesario y el uso de ventiladores manuales, a pesar de que al ser un hospital de segundo nivel estaba obligado, de acuerdo a la normatividad, a contar con ventiladores automáticos


También, hace referencia a un diagnóstico conjunto emitido el 13 de enero de 2003, con la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Contraloría General del Gobierno del Estado de Chiapas, así como por la Organización Panamericana de la Salud, el cual señala que en el hospital no se contaba con la infraestructura y los recursos humanos suficientes para atender la demanda de cuidados neonatales.


Además, en su informe la CNDH recomendó al Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía “se sirva instruir al Procurador General de Justicia a efecto de que tome las medidas necesarias para que se integren y determinen conforme a derecho las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos, en atención a las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones del presente documento”.


Por todo ello, al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía se le imputa el delito de Homicidio Doloso (comisión por omisión) a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Constitución Federal, la particular del Estado de Chiapas y la Ley de Salud del Estado, además de haber decidido por cuestiones políticas no otorgar los recursos económicos para el equipamiento médico, medicinas y atención especializada del Hospital General K de Comitán de Domínguez..


De estos hechos, se desprende también que el inculpado estaba obligado a resguardar específicamente el bien jurídico tutelado por las normas jurídicas, por lo que su conducta omisiva derivó en la muerte de los menores en el hospital de Comitán, muertes que, en todo momento, pudieron y debieron haberse evitado.


Por este delito Pablo Salazar Mendiguchía podría alcanzar una pena hasta de 20 años de prisión por cada uno de los menores fallecidos. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda, una vez más, su firme compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho que permiten recuperar la confianza de quienes, en otros tiempos, vieron violentados sus derechos y garantías fundamentales.